Read in English: Undocumented immigrants qualify for rent relief, but Wisconsin sends mixed signals
Algunas organizaciones regionales sin fines de lucro que administran el programa de ayuda de alquiler de emergencia de $322 millones del gobernador Tony Evers, pueden estar desalentando involuntariamente a las personas indocumentadas a presentar una solicitud — aunque el estatus migratorio no influye en la elegibilidad para el programa financiado por el gobierno federal.
Al menos ocho de las 14 organizaciones que administran el programa de Wisconsin Emergency Rental Assistance (WERA, por sus siglas en inglés) piden a los solicitantes que compartan sus números de Seguro Social a través de formularios de preselección, según encontró una revisión de Wisconsin Watch. En algunos casos, se les pide a los solicitantes que presenten los números de Seguro Social de cada miembro de su hogar.
Las ocho agencias administran la ayuda a 35 de los 68 condados de Wisconsin elegibles para WERA.
Mientras tanto, solo siete de las organizaciones al 24 de marzo ofrecían información en línea en otros idiomas además del inglés en un estado donde alrededor de 260,000 residentes hablan principalmente español y casi 40,000 hablan hmong.
Los defensores dicen que las preguntas sobre el número de Seguro Social podrían disuadir a los inquilinos en apuros que representan una parte de unos 75,000 inmigrantes indocumentados de Wisconsin — un grupo económicamente vulnerable que en 2016 constituía aproximadamente el 24% de la población inmigrante del estado y el 1.3% de la población total.
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Los residentes elegibles de Wisconsin pueden recibir hasta 12 meses de asistencia para pagar su alquiler o sus facturas de servicios públicos actuales o atrasados.
Los fondos se destinan directamente a los proveedores de servicios públicos o a los propietarios, quienes también podrían salir perdiendo si se desalienta a los inquilinos a presentar una solicitud. Una moratoria de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre los desalojos restringe a los propietarios de expulsar a los inquilinos por falta de pago — si completan la documentación adecuada — hasta el 31 de marzo. La agencia ha propuesto una extensión.
Programa abierto a todos los inquilinos en apuros
Evers, del partido demócrata, recurrió a la Wisconsin Community Action Program Association (WISCAP, por sus siglas en inglés) y sus agencias afiliadas para coordinar el programa hace un mes. Brad Paul, el director ejecutivo de WISCAP, dijo a Wisconsin Watch que “sin duda no hay ningún esfuerzo para disuadir a las personas de presentar una solicitud,” y confirmó que cualquier residente de Wisconsin que cumpla con los límites de ingresos y se vea afectado por la pandemia es elegible para postularse.
Paul añadió: “Lo más importante que debe saber es que las personas reciben un mejor servicio si se comunican con su agencia de acción comunitaria local. Entre otras cosas, estas agencias a menudo proveen divulgación de información a la comunidad a través de personal bilingüe.”
Las instrucciones de solicitud varían entre las agencias que administran WERA, pero solo uno de sus sitios web al 24 de marzo decía claramente que los solicitantes sin números de Seguro Social aún pueden calificar.
El jefe de un grupo de defensa de inmigrantes de Wisconsin dijo que los inquilinos que no son ciudadanos y que temen que se someta a escrutinio su estatus migratorio podrían dudar en acercarse a las agencias para solicitar dicha información.
“Sabemos que el número de Seguro Social es una señal de alerta para muchas personas,” dijo Darryl Morin, el presidente y director ejecutivo de Forward Latino, con sede en Franklin, Wisconsin.
Morin dijo que frecuentemente conversa sobre asuntos de inmigrantes con Evers y el secretario del Departamento de Administración, Joel Brennan, cuya agencia supervisa el programa de ayuda para pagar el alquiler. Pero Morin añadió que no estaba al tanto del problema sobre el número de Seguro Social en el proceso de solicitar ayuda para pagar el alquiler.
“Definitivamente ahora, con usted mencionando eso, lo investigaré y me aseguraré de comunicarme directamente con la oficina (de Evers) sobre la necesidad de tomar medidas correctivas,” Morin dijo a Wisconsin Watch.
Mariel Block, una abogada del National Housing Law Project, una organización jurídica y de defensa, llamó la pregunta sobre el número de Seguro Social como “un problema gigantesco” que podría disuadir algunas solicitudes.
“Eso sigue siendo desagradable para muchas personas que no son ciudadanos, que han pasado por — especialmente en los últimos años — un terror absoluto,” dijo Block. “Incluso que preguntan eso y no saber a dónde va su información y no saber que habrá consecuencias inmigratorias es muy, muy aterrador.”
Los funcionarios de la administración de Evers dicen que no tienen la intención de desanimar a los solicitantes.
Molly Dillman Vidal, la portavoz del Departamento de Administración, dijo que su departamento está trabajando con las agencias de WISCAP para “garantizar que se proporcione un mensaje uniforme a los solicitantes sobre el hecho de que las personas indocumentadas no están obligadas a proporcionar (sus números de Seguro Social) para solicitar al WERA.”
Paul dijo a Wisconsin Watch que el estado está contratando United Migrant Opportunity Services (UMOS, por sus siglas en inglés), un miembro de WISCAP que brinda una variedad de servicios a los trabajadores migrantes y de temporada de Wisconsin y a otras poblaciones diversas, para brindar ayuda para pagar el alquiler.
Pero con las facturas inminentes de alquiler de abril, UMOS todavía no había recibido un contrato a partir del 23 de marzo, según un portavoz de UMOS que describió los planes de divulgación de información del grupo.
“Somos conscientes de que los formularios actuales del estado se utilizan para múltiples propósitos y solicitan información del Seguro Social,” dijo el portavoz en un correo electrónico. “El personal de UMOS informará a las familias que no necesitan un número de Seguro Social para solicitar.”
El estatus migratorio no es un factor
Al aprobar su segunda ronda de estímulo pandémico en diciembre, el Congreso asignó $25 mil millones para ayuda de alquiler estatal y local — a un salvavidas para inquilinos y propietarios a medida que el COVID-19 empeoraba las dificultades de la vivienda.
Solo en Wisconsin, los inquilinos enfrentaron el año pasado un déficit de alquiler estimado de $139 millones a $260 millones, y hasta 260,000 hogares están en riesgo de desalojo, según un análisis de datos del censo realizado por Stout Risius Ross LLC, una firma internacional de consultoría y banca de inversión.
Los inmigrantes sin números de Seguro Social son particularmente vulnerables durante la pandemia, porque califican para muy pocos programas de beneficios. En Wisconsin y otros estados, no pueden acceder a la atención médica a través de Medicaid, ni pueden recibir asistencia alimentaria o de desempleo del estado. Los cheques federales de estímulo pandémico, también, solo van a aquellos con números de Seguro Social.
Pero en diciembre el Congreso dejó el alivio del alquiler abierto a los no ciudadanos, y ni los estados ni los gobiernos locales pueden imponer sus propias restricciones de inmigración en lugar del gobierno federal, según una hoja informativa del National Housing Law Project publicada en febrero. En diciembre, un juez federal dictaminó que la ciudad de Phoenix no podía excluir a los “extranjeros no calificados” (“unqualified aliens” en el inglés original) de su programa de emergencia de alquiler, hipoteca y servicios públicos financiado por el gobierno federal.
Programa ‘de importancia crucial’
El Congreso envió casi $387 millones en ayuda de alquiler al Wisconsin. Evers ha canalizado la mayor parte de los fondos al WERA, que anunció el 25 de febrero.
“Si bien seguimos trabajando para distribuir las vacunas y las inyecciones en armas tan pronto como tengamos suministros, estos fondos serán de importancia crucial para brindar a las familias la estabilidad y el apoyo que necesitan para superar esta pandemia,” dijo en ese momento.
Los solicitantes deben demostrar estar en riesgo de inestabilidad en la vivienda, haber perdido ingresos debido a la pandemia del COVID-19 y tener un ingreso familiar que no supere el 80% del ingreso medio de su condado.
Una iniciativa anterior — el mucho más pequeño programa, el Wisconsin Rental Assistance Program (WRAP por sus siglas en inglés) — distribuyó alrededor de $28 millones en ayuda federal de junio a noviembre de 2020 a través de organizaciones del WISCAP. Ese programa prohibió a los inmigrantes no autorizados u otras personas sin números de Seguro Social. El año pasado, algunas agencias tuvieron dificultades para satisfacer las altas demandas de ayuda para pagar el alquiler, en particular la Social Development Commission de Milwaukee, que registró miles de solicitudes pendientes.
El programa de WERA no cubre algunas comunidades más grandes, que administran sus propios programas financiados con fondos federales. Entre ellos se incluyen los condados de Brown, Dane, Milwaukee y Waukesha y las ciudades de Madison y Milwaukee.
El programa ha distribuido más de $7 millones en ayuda hasta el 19 de marzo, según Paul. Community Action Inc., que presta servicios a los condados de Rock y Walworth, ha brindado la mayor cantidad de asistencia — más de $1 millón.
Persiste la pregunta sobre el Seguro Social
A partir del 24 de marzo, las agencias por todo Wisconsin continuaron solicitando números de Seguro Social en algún momento durante el proceso de solicitud — aunque no son necesarios para pedir ayuda para pagar de alquiler.
Newcap, que atiende a nueve condados en el norte de Wisconsin, inicialmente requería un número de Seguro Social en su formulario de admisión, pero una actualización reciente permite a los solicitantes omitir ese campo.
“NO se requiere ningún número de Seguro Social para solicitar o recibir ayuda,” su sitio web dice (en inglés) ahora.
Wisconsin Watch encontró discrepancias entre las preguntas de admisión en inglés y español de Lakeshore CAP. La versión del formulario en español hizo preguntas a los inquilinos sobre los ingresos y su contrato de alquiler que no aparecían en la equivalente en inglés. Esa agencia atiende a los condados de Door, Kewaunee, Manitowoc y Sheboygan.
Colleen Homb, la directora ejecutiva del grupo, dijo que los formularios se actualizarán para que coincidan.
La mayoría de las agencias pre-evalúan a los solicitantes del WERA, pidiéndoles que primero llenen una solicitud de asistencia estatal de energía y climatización, que también se utiliza para determinar la elegibilidad para otros servicios. El formulario del Programa de asistencia energética domiciliaria (WHEAP por sus siglas en inglés) pide a los solicitantes que compartan una identificación con foto y los números de Seguro Social de cada miembro del hogar.
“Entiendo que soy responsable de reportar los nombres de las personas que viven en mi dirección y el número del Seguro Social y los ingresos de todas las personas en mi grupo familiar,” dice esa solicitud. “La obtención del número del Seguro Social no está prohibida por la ley federal y es una información necesaria para verificar los beneficios otorgados al solicitante por este programa.”
Casi 116.000 habitantes de Wisconsin vivieron con al menos un miembro de la familia indocumentado entre 2010 y 2014, según un análisis del Center for American Progress, un grupo de expertos de tendencia liberal en Washington, D.C. Ese recuento incluyó a casi 56.000 ciudadanos estadounidenses.
Wendy Schneider, del Central Wisconsin Community Action Council, dijo que los solicitantes sin números de Seguro Social deben solicitar primero y se les debe negar la asistencia energética antes de recibir ayuda para pagar el alquiler.
Paul dijo que los solicitantes de ayuda para el alquiler que no califican para la asistencia energética — si faltan un número de Seguro Social, por ejemplo — deben especificar en el formulario que solo buscan ayuda para pagar el alquiler.
Dijo que una línea directa estatal también ofrece ayuda: 1-833-900-9372, el número de Energy Services, Inc.
Cuando un periodista de Wisconsin Watch llamó el 5 de marzo, una operadora de la línea directa carecía de consejos para los solicitantes que no son ciudadanos.
“No sé exactamente cómo lo hacen,” dijo la operadora. “Estoy aquí para tomar la información de las personas y asegurarme de que tengan asistencia energética.”
Energy Services, Inc. no respondió a llamadas y correos electrónicos adicionales para comentar.
Dillman Vidal, del Departamento de Administración, dijo que las agencias del WISCAP pueden elegir si usar el formulario de asistencia energética estatal para recopilar la información de los solicitantes de alquiler, pero su uso aumenta la eficiencia.
Los correos electrónicos entre los funcionarios del Departamento de Administración y un grupo de traductores muestran que los administradores del WERA contemplaron agregar una pregunta a las preguntas frecuentes en español y en hmong que se traduzca en: “¿Son elegibles las siguientes familias de inmigrantes?: Residentes legales pero no ciudadanos o familias indocumentadas?”
El borrador de la respuesta especificaba que los inquilinos elegibles deben ser residentes de Wisconsin, pero no respondió a la pregunta sobre ciudadanía estadounidense.
En el sitio web de Community Action, Inc. esta redacción aparece en una sección de pregunta frecuente traducida en hmong. Wisconsin Watch no pudo encontrarlo en otros sitios web.
‘Mucha confusión y desorganización’
Fuera del programa WERA, Community Advocates, que brinda asistencia federal para pagar el alquiler a los condados de Milwaukee y Waukesha, recopila información del solicitante en un formulario que utiliza para procesar solicitudes para una serie de programas de beneficios que administra — incluso a otros programas con requisitos más estrictos. Ese formulario incluye un espacio para escribir los números de Seguro Social, pero se puede omitir.
“Porque entendemos que todavía puede haber dudas o desconfianza, como una mejor práctica, hemos construido relaciones con organizaciones que sirven a inmigrantes y refugiados para facilitar el proceso de solicitud de asistencia para el alquiler en asociación con nosotros,” dijo Deb Heffner, la directora de estrategia de vivienda del grupo.
Block, del National Housing Law Project, dijo que los gobiernos estatales y locales en todo el país enfrentan “un desafío administrativo absolutamente enorme” en la distribución de tanta ayuda para la vivienda.
Y aunque estados como Washington dejan en claro en sus materiales que los residentes indocumentados pueden calificar para asistencia de alquiler, dijo Block, varios estados no lo hacen.
“Es comprensible que estén en una línea de tiempo muy rápida,” dijo Block. “Hay mucha confusión y desorganización en esto.”
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